La Guardia Civil y el Servicio de
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado un grupo
criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos
peligrosos que la organización trasladaba en contenedor desde el puerto de
Santa Cruz de Tenerife hasta diversos países africanos.
En el marco de estas actuaciones,
están siendo investigadas 32 personas y cuatro sociedades, con domicilios en
Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, por delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente.
El Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma y
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife, detectaron un
continuo trasiego de mercancías que viajaban en contenedores por vía marítima,
entre el puerto de Santa Cruz y varios países africanos.
Los investigados ocultaban su
actividad por medio de facturas falsas para evitar la inspección de la
mercancía o la denegación de la exportación. De esta manera, enviaban al
extranjero residuos de muy diversa naturaleza, incluyendo residuos peligrosos,
generando un riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas.
Residuos peligrosos sin descontaminar
Entre las mercancías exportadas había
residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, en su mayoría motores o
compresores extraídos ilegalmente de aparatos frigoríficos desechados sin la
debida descontaminación. Esto permite liberar a la atmósfera los gases
contenidos en su interior, generando un riesgo para la salud humana y el medio
ambiente.
También había repuestos y piezas de
automóviles, igualmente sin la debida descontaminación, y alrededor de 38
toneladas de extintores. De igual forma, la red enviaba numerosos turismos,
camionetas y camiones, con documentación falsa para facilitar su exportación
como mercancía de segunda mano.
En total, la organización habría
transportado ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos, junto
con 86 toneladas de residuos no peligrosos, valorados en conjunto en 800.000
euros.
El entramado criminal estaba liderado
por cinco personas con roles diferenciados. Dos de ellas, residentes en Gran
Canaria, llevaban a cabo la gestión, tanto documental como logística, para
exportar los residuos. Los otros tres individuos, residentes en Tenerife,
enviaban los residuos directamente, o por medio de terceros, y conseguían toda
la documentación legal, ilegal o falsificada, necesaria.
Para dar la apariencia de que la
mercancía vendida estaba descontaminada, la organización contaba con varios
negocios que realizaban facturas a nombre de terceros, en algunos casos incluso
desconocedores de la actividad de esta red criminal.
Prohibición y delito
El delito de traslado ilegal de
residuos, introducido en el Código Penal en 2015, está castigado con una pena
de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un
año.
El tráfico ilícito de desechos
peligrosos y otros desechos es objeto de creciente preocupación internacional
por la necesidad de controlar rigurosamente los movimientos transfronterizos,
así como la necesidad de reducir, en la medida de lo posible, esos movimientos
al mínimo, tal y como se expone en el preámbulo del Tratado de las Naciones
Unidas sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación, el denominado ‘Convenio de Basilea’.
https://web.guardiacivil.es/es/destacados/noticias/Detenidas-32-personas-por-el-envio-ilegal-de-650-toneladas-de-residuos-peligrosos-desde-Tenerife-a-paises-africanos/
