Policías nacionales y guardias civiles han exigido en
Bruselas una directiva europea que reconozca su profesión como de riesgo, una
demanda que el Gobierno español les ha denegado de manera reiterada, a
diferencia de lo que ocurre con otras policías locales y autonómicas en España.
Se trata de una reivindicación histórica del colectivo
policial que ha sido atendida por el Partido Popular Europeo (PPE), el cual
presentó este miércoles a sindicatos y asociaciones policiales españolas una
iniciativa para que, de una vez por todas, se les reconozca esta consideración.
La propuesta consiste en una Directiva Europea destinada a
reforzar la protección laboral y a reconocer oficialmente como profesiones de
riesgo a colectivos clave para la seguridad en la Unión Europea, como policías,
militares, funcionarios de prisiones y agentes operativos de aduanas y
fronteras.
Además, la iniciativa busca que las agresiones contra estos
agentes sean consideradas "eurodelitos", elevando su protección a
nivel comunitario.
La reunión se celebró en la sede del Parlamento Europeo y
contó con la asistencia de las principales asociaciones y sindicatos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellos, destacó la Plataforma
por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, integrada por 12
agrupaciones: SPP, SUP, UFP de Policía Nacional y AEGC, AIGC, APC-GC, APROGC,
ASES-GC, AUGC, IGC, UNIONGC y UO.
Esta plataforma presentó en julio una demanda ante la
Audiencia Nacional para reclamar el reconocimiento como profesión de riesgo.
También participaron los sindicatos Jupol y CEP, así como la
asociación de guardias civiles Jucil. Por parte del PP, asistieron Cuca
Gamarra, Esteban González-Pons, Dolors Montserrat, Maravillas Abadía, Juan
Ignacio Zoido y Javier Zarzalejos.
La propuesta legislativa pretende establecer un marco común
europeo que garantice derechos laborales, protección social y reconocimiento
normativo a estos profesionales esenciales para la seguridad pública y la
defensa de la UE.
El colectivo argumenta que las profesiones de seguridad
enfrentan "riesgos crecientes y excepcionales" derivados del aumento
de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las
nuevas amenazas híbridas.
Destacan que sus miembros sufren agresiones con mayor
frecuencia, poniendo en peligro su integridad física y su vida, lo que hace
imprescindible un reconocimiento jurídico específico a nivel europeo.Por otro
lado, señalan que actualmente existen importantes desigualdades entre los
Estados miembros en el reconocimiento de estas profesiones como de riesgo y en
la protección laboral asociada.
Estas diferencias afectan aspectos clave como la catalogación
legal, el acceso a la jubilación anticipada, las condiciones de asistencia
médica, psicológica y social, y la reducción de la jornada laboral.La Directiva
propone una armonización mínima de derechos laborales, garantizando un suelo
común de protección en toda la UE.
Entre las principales medidas destacan las compensaciones
económicas por el desempeño de funciones en condiciones de riesgo, la reducción
de la edad de jubilación sin merma en los derechos de pensión, la disminución
de la jornada laboral y medidas efectivas de conciliación de la vida familiar y
profesional.
Asimismo, la iniciativa impulsada por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado subraya la necesidad de garantizar el acceso inmediato
a atención médica durante y después del servicio, programas específicos de
prevención de riesgos para la salud física y mental, y asistencia psicológica
especializada, extensible a las familias de los profesionales afectados.
Esta propuesta también busca reforzar la obligación de las
autoridades públicas de garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y
adecuadas, proporcionar asistencia legal gratuita en casos de agresiones
sufridas en el ejercicio de sus funciones, y asegurar la protección jurídica en
procedimientos judiciales derivados de su actividad profesional.
Además, recoge la formación como herramienta clave de
prevención, estableciendo formación continua y especializada adaptada a los
riesgos reales del puesto, supervisión de la calidad formativa e implantación
de planes específicos de prevención de riesgos laborales.
La propuesta contempla mecanismos de control y evaluación,
como la recopilación trimestral de datos sobre agresiones y accidentes
laborales, informes bianuales a la Comisión Europea sobre la aplicación de la
Directiva, y garantía de transparencia y acceso público a la información.
La Directiva incluye una cláusula de no regresión, que impide
la reducción de derechos laborales ya existentes y permite a los Estados
miembros adoptar medidas más favorables, asegurando la coherencia con el acervo
comunitario y la protección de derechos adicionales.
La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena
Equiparación Salarial valora "muy positivamente" esta iniciativa,
que, en caso de prosperar y convertirse en Directiva Europea, supondría
"un avance histórico en los derechos sociolaborales de los colectivos que
garantizan la seguridad y la convivencia democrática en Europa".
https://tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-profesionales/26506-asociaciones-profesionales-de-guardia-civil-y-sindicatos-de-policia-nacional-exigen-en-bruselas-la-profesi%C3%B3n-de-riesgo.html
